Pregunta. ¿Tienen razón quienes le critican por lentitud?
Respuesta. Yo procuro ver desapasionadamente las cosas y creo que hubo avances y, también, cierta falta de velocidad en la expectativa de cambio en la ciudadanía. Para mí, un avance importante fue el cambio en la consideración internacional del país, la voluntad de acompañar el proceso paraguayo, diferenciado de los otros de la región. En el ámbito interno, se está revisando el estado en que estaban las instituciones cuando desembarcamos. El proceso de ir por dentro, limpiar, pulir, dar honor a las instituciones, es muy lento. Aquí los ministerios eran el botín de guerra del partido gobernante. Funcionalizar esos ministerios lleva mucho tiempo, y es verdad que hemos ido más lento de lo esperado. Pero es justo recordar que llegamos al Gobierno en una Alianza muy amplia ideológicamente, y sin tener mayoría en el Congreso.
P. Ésa es la duda, ¿quiénes son sus aliados para llevar adelante una reforma tan profunda?
R. Necesitamos un Parlamento que no sea obstruccionista. Creo que es importante que analicemos las últimas encuestas, según las cuales el Gobierno, con todas las limitaciones, sigue teniendo un índice de popularidad del 72%, frente a un 39% del Parlamento y un 32% del poder Judicial. Eso debería ayudar a llevar adelante el proceso paraguayo.
P. ¿Quiere decir que puede llevar adelante la reforma apoyándose en ese sostén popular? Algunos grupos afines a su Gobierno le reprochan que no impulse una mayor movilización popular o un partido político propio.
R. Somos conscientes de que esa aceptación popular debe ser articulada. Nuestros programas y proyectos nacieron de la ciudadanía y yo creo que cuando haya cuestiones evidentes de obstrucción, esa propia ciudadanía sabrá leer los acontecimientos y dar un paso como corresponsables de un proceso iniciado con ellos.
P. ¿No teme que ese apoyo se vaya diluyendo si la población no aprecia rápidamente una mejora en sus condiciones de vida?
R. Éste es un Gobierno que ha salvaguardado el rostro de Paraguay, del país más corrupto de América Latina, el segundo o tercero en el mundo. Ningún ciudadano duda de la gestión transparente y honesta que hacemos y ése es un gran capital. No obstante, somos conscientes de ese peligro. Si esto no se traduce en una gestión eficaz, que dé respuestas eficaces a las grandes demandas sociales, históricamente postergadas, puede llegar un momento en que se digan "bueno, hasta aquí hemos llegado, no vemos los signos del cambio".
P. La reforma agraria fue uno de los puntos clave de su proyecto político, pero esta misma semana los campesinos han protestado por la falta de avances.
R. Para una reforma agraria eficaz hay que tener en cuenta la estructura de la tenencia de la tierra y el desarrollo de la producción agraria. Paraguay es uno de los pocos países donde no existe ni tan siquiera un catastro. El Banco Mundial dio hace años un préstamo de 40 millones de dólares (treinta millones de euros) para hacerlo, pero no se ha realizado ni en un 15%. Hay una enorme irregularidad en la tenencia de la tierra pero necesitamos un punto de partida y por eso negociamos con organismos internacionales que pueden ayudarnos a hacer ese catastro dinámico que nos permita avanzar. Además, hemos recuperado ya tierras malhabidas, 100.000 hectáreas, y hemos provisto una asistencia en asentamientos rurales que estaban totalmente abandonados, sin presencia alguna del Estado.
P. ¿Es suficiente?
R. Son tres pasos que ya hemos dado, cosas que no podían esperar ni un día más, pero hemos sido honestos con la ciudadanía al explicarle que la reforma agraria es un proceso largo.
P. Las asociaciones campesinas exigen una reforma más rápida, al menos en cuanto a expropiación de latifundios.
R. Tenemos que aceptar que el fin del latifundio, que los movimientos campesinos toman como bandera, tiene una limitación constitucional. Si no se cambia la Constitución, si no se modifica, será imposible hacer una reforma agraria integral.
P. ¿Una reforma constitucional previa?
R. Sin duda. Si se quiere hacer una reforma agraria contundente con transformaciones sociales y tocando la estructura de tenencia de la tierra y el fin del latifundio improductivo, debe pasar por una reforma constitucional. Hoy lo que existe son grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos, que no son productores latifundistas sino especuladores de la tierra. Mientras no se tenga una política fiscal que grave a las tierras improductivas, mientras no haga ese cambio en la Constitución, va a ser muy difícil realizar esas reformas rápidas que exige gran parte de la ciudadanía.
P. Para cambiar la Constitución, usted necesitaría apoyos parlamentarios grandes. ¿Dónde los encontrará? ¿En el Partido Liberal, en el Colorado?
R. Hoy muchos están convencidos de la necesidad de esa reforma constitucional. La misma Corte Suprema de Justicia, que no goza de mucho prestigio, la propone. Yo creo que debe pasar por un gran debate nacional.
P. Ya sé que usted no quiere hablar de fechas, pero ¿hay algún proyecto concreto en marcha?
R. Ya hay varios proyectos, hechos por el Colegio de Abogados, por profesores de la Universidad Católica y por algunos constitucionalistas individuales. Un proyecto de Constitución tiene que ser debatido ampliamente por la ciudadanía antes de llegar a la Asamblea Nacional Constituyente.
P. Si el Parlamento se niega, ¿prevé convocar un referéndum para que la población apoye la reforma constitucional?
R. No hay nada que adelantar. Creo que hay un sentir generalizado y un apoyo implícito a esta reforma constitucional.
P. La Corte Suprema es corrupta. ¿Por qué no la ha cambiado?
R. Porque dependen exclusivamente del Parlamento. Hay dos maneras de cambiar a los miembros de la Corte: por renuncia voluntaria o por un juicio político. La renuncia es impensable, porque sus actuales miembros se sienten muy bien donde están, y para el juicio político tendríamos que tener mayoría en el Parlamento y no salen los números. Hay argumentos de sobra para ese juicio político, pero los partidos tradicionales no quieren arriesgarse a perder sus privilegios exponiéndose a jueces más independientes y autónomos.
P. ¿Qué solución hay?
R. Todo gira en torno del cambio constitucional que pueda garantizar, a su vez, el cambio en la Corte Suprema de Justicia.
P. Es imposible hablar de Paraguay sin plantear el tema de Itaipú, la presa hidroeléctrica que comparten con Brasil. Ustedes exigen disponer libremente de su 50% de energía y no estar obligados a vender a Brasil la que no utilizan. Brasil no acepta la reforma del tratado, pero ofrece un programa que significaría aumentar el precio. ¿Para Paraguay es un tema de soberanía, todo o nada, o es posible la negociación?
R. Queremos recuperar la soberanía energética, pero entendemos que se pueda lograr gradualmente. Si hoy Brasil nos dijera: "Tienen libre disponibilidad de la energía al 50%", resultaría que nosotros no podríamos hacer uso de ella porque no tenemos la infraestructura necesaria, ni para usarla ni para llevarla a otro lado. Por eso, nuestra propuesta es progresiva. El tratado vence en 2023, pero queremos que antes de que venza, en 2013, ya podamos decir que somos miembros plenos de Itaipú y que tenemos derecho a vender a terceros o al mercado brasileño fijando el precio.
P. Tengo entendido que acaba de aplazar un viaje a Brasil precisamente por falta de acuerdos.
R. Sí, el viaje se ha aplazado justamente porque no había acuerdos para firmar con el presidente Lula. Pero ahora estaremos juntos en Qatar y posiblemente en Trinidad y Tobago, y creo que esos encuentros pueden ser los previos a la visita oficial a Brasil.
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