Tras un trabajo de monitoreo en Bolivia y Paraguay, la directora de esa organización, Victoria Tauli-Corpuz, indicó que los indígenas enfrentan también pobreza extrema y violencia sistemática, incluida la sexual.
"Un fuerte mensaje debe ser enviado por los dos gobiernos nacionales, a los gobiernos locales y a los dueños de la tierra de la región del Chaco", sostuvo.
La representante pidió que los gobiernos nacionales establezcan dependencias de control en las regiones donde se detecten violaciones a los derechos humanos para que hagan cumplir la ley.
"A nivel de los gobiernos locales, en el mejor de los casos, el mensaje antidiscriminatorio no está llegando, y, en el peor de los casos, enfrenta una oposición activa", agregó Tauli-Corpuz.
Por su parte, Bartolomé Clavero, miembro de esa comisión, aclaró que aunque los gobiernos de Bolivia y Paraguay se esfuerzan por afrontar esa situación, por motivos distintos, encuentran una férrea resistencia en ambas naciones.
"Hemos profundizado en las causas de esa servidumbre. Ellas se remiten a una invasión del territorio guaraní por parte de los Estados, terratenientes y empresas, también algunas iglesias que han sido muy fuertes en el establecimiento de relaciones de tipo servidumbral", indicó.
Entre las recomendaciones de ese organismo, instan a ambos Estados a crear las instituciones necesarias que velen por la aplicación de las normas internacionales contra la servidumbre y que exijan el respeto irrestricto al derecho a la tierra de los indígenas.
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