Brasil envía tropas, Paraguay se queja

Valeria Perasso

BBC Mundo, Cono Sur

Brasil dice que quiere combatir los llamados "crímenes de frontera".

Con un despliegue de 2.000 efectivos, Brasil comenzó ejercicios militares en su frontera sur para garantizar "la soberanía regional", en un operativo que generó malestar en el vecino Paraguay.

En el marco de la llamada "Operación Frontera Sur", el ejército brasileño llegó al límite sureño del territorio, donde colinda con Uruguay, Paraguay y Argentina. Allí, soldados y miembros de otras fuerzas de seguridad realizan simulacros y tareas de patrullaje para combatir los llamados "crímenes de frontera".

Las fuerzas de Brasil tienen en la mira el contrabando y la piratería, así como en el tráfico de armas, drogas y personas, muy cerca de la "zona caliente" de la Triple Frontera, una de las más vulnerables de la región para esta clase de delitos.

Un informe del Ministerio de Defensa brasileño al que tuvo acceso BBC Mundo destaca que el comercio ilícito desde Paraguay es uno de los principales focos de atención del operativo, por lo que frente a la gobernación paraguaya de Alto Paraná se realizarán controles en caminos rurales y carreteras presuntamente transitadas por contrabandistas.

Según fuentes del ejército, las acciones aumentarán "la sensación de seguridad en las diversas localidades" por las que transiten las fuerzas.

Esta acción, la primera en lo que va de 2009, es parte de un plan estratégico por el que Brasil intenta aumentar su presencia militar en la zona y, según expresó el ministro de Defensa, Nelson Jobim, se trata de un ejercicio de "defensa de la soberanía".

Vecinos enojados

En el pasado, Lugo se ha quejado de los operativos brasileños.

Sin embargo, el despliegue militar brasileño generó airadas reacciones en Paraguay, que comparte gran parte de su frontera oriental con el gigante sudamericano.

Las autoridades paraguayas expresaron su malestar por lo que calificaron de "acción de guerra" y aseguraron que se trata de una demostración de fuerza desmedida por parte de Brasilia.

En la gobernación de Alto Paraná, los funcionarios se mostraron preocupados porque estos operativos podrían asfixiar la economía de la capital estatal, Ciudad del Este, un pujante centro comercial regional.

"Estamos plenamente de acuerdo con que se combata toda actividad ilegal, pero sabemos bien que ante el anuncio de este tipo de operativos (...) los únicos afectados son los turistas, que son ahuyentados por los militares", declaró la alcaldesa de la ciudad, Sandra McLeod.

Disuadir a los "sacoleiros"

Según las denuncias paraguayas, no sólo los visitantes estacionales se verían afectados, sino también los "sacoleiros", compradores brasileños al menudeo que cruzan la Triple Frontera por el día en busca de productos sin aranceles.

"La presencia no es solamente con el afán de custodiar la soberanía brasileña, sino que se encuadra dentro de una persecución al comercio que se hace en esta ciudad. No tiene que ver con la soberanía esto de controlar a los 'sacoleiros', sobre todo porque aquí no hay peligro de invasión o de ataque a la integridad territorial", declaró a BBC Mundo el gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinagalde.

Los "sacoleiros" cruzan todos los días el puente que une a Ciudad del Este (Paraguay) con Foz de Iguaçu (Brasil).

El movimiento transfronterizo con fines de comercio legal es de unas 7.000 personas al día, que -según el gobernador paranaense- vienen desde Brasil porque allí "no tienen fuentes de trabajo para mantener a sus familias".

"Nosotros somos conscientes del tema del contrabando y la ilegalidad. Lo que objetamos es que, dentro del marco de cooperación y hermandad del que siempre se habla entre presidentes y ministros, no haya una regla clara en lo que hace a la relación comercial. Se ha hablado de la necesidad de formalizar estas actividades, pero nunca se ha hecho", agregó Aguinagalde.

Pero los reclamos de Paraguay no acaban allí: los funcionarios de la zona fronteriza sugieren que la avanzada brasileña, aunque más no sea bajo el modelo del simulacro militar, es una respuesta a la postura paraguaya por el conflicto de Itaipú.

El gobierno del presidente Fernando Lugo exige a Brasilia la renegociación del tratado de la hidroeléctrica que ambos países comparten. Firmado en 1973, el documento establece que Paraguay, que utiliza sólo el 5% de la energía que genera la represa, vende el excedente a su vecino por un contrato preestablecido, a precios muy por debajo de los del mercado.

Desde que llegó al poder, Lugo reclama disponer de ese excedente para venderlo a terceros, en lo que ha sido uno de los ejes de su política internacional y un punto de roce con su par brasileño.

Operativos polémicos

El gobierno de Lula impulsó una ley que permite el despliegue militar en la frontera sur.

No es la primera vez que se produce un altercado entre vecinos por ejercicios militares de este tipo.

En 2008, Asunción reclamó que no había sido informado del operativo a tiempo, mientras que Brasil aseguró que había invitado a miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas a acompañar las acciones en señal de "confianza mutua".

Por entonces, el recién inaugurado gobierno de Lugo pidió explicaciones al embajador brasileño en Asunción y recibió una disculpa del mismo Lula.

Para algunos observadores, el conflicto latente se basa en el principio de "frontera viva", que Brasil utiliza para dirimir sus asuntos de defensa territorial.

Según éste, los límites no demarcados del país se extienden hasta donde estén los connacionales y hasta donde se expandan sus intereses económicos.

Con este objetivo en mente, el gobierno de Lula da Silva creó por ley el Sistema Nacional de Movilización (Sinamob) a fines de 2007, en el que se enmarca la operación "Frontera Sur".

Para Paraguay, sin embargo, el cuidado de la caótica Ciudad del Este va más allá del discurso de defensa soberana: esta zona franca es considerada el tercer centro comercial mundial, después de Miami y Hong Kong, y muchos de sus 700.000 habitantes dependen del flujo regular con Brasil para sus negocios.