El Ejecutivo, presidido por Fernando Lugo, en un decreto divulgado en el sitio en internet de la Presidencia, argumentó que la aprobación del proyecto en cuestión "agravaría aún más la escasez de recursos que enfrenta el gobierno".
Además, que "la fuerte exigencia de recursos para hacer frente a la implantación del proyecto de ley, considerando la baja presión tributaria del país, atenta directamente contra la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por ende, de todos los programas contemplados en el Presupuesto General" de Gastos.
Con su determinación el Ejecutivo devuelve al Congreso el proyecto de ley "que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas mayores en situación de pobreza", que había sido aprobado el 30 de abril pasado por el Legislativo, instancia que deberá aceptar o reprobar ese veto.
El proyecto plantea el pago de una pensión mensual a los adultos mayores de 60 años equivalente a una cuarta parte del salario básico, que actualmente asciende a 280 dólares.
El proyecto aclara que no podrán acogerse a los beneficios los que reciben salario o jubilación del Estado.
De acuerdo al Consejo de Adultos Mayores de Asunción, en Paraguay, de una población de seis millones, hay 500.000 adultos mayores, de los cuales el 60 por ciento está concentrado en las zonas urbanas, principalmente de la capital y el departamento Central, que bordea la capital.
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