De esta manera, con la nueva normativa, los jóvenes que rechazan el servicio militar obligatorio podrán prestar un servicio civil sustitutivo ya sea en el sector público como privado en beneficio de la población.
La legislación contempla además la creación de un consejo nacional (con miembros ad honorem) que bajo la presidencia del Defensor del Pueblo, tendrá la atribución de expedir las constancias.
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